Mérida, Yucatán 29 de agosto de 2019.- En un intento desesperado por lograr la ratificación como presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, el magistrado César Antuña Aguilar ha ofrecido dinero a los diputados, para comprar su voto, y laudos que les favorezcan a alcaldes que tienen demandas por liquidaciones a favor de exempleados.

Fiel al actuar corrupto que ha tendido durante los 6 años que lleva en ese cargo, Antuña Aguilar sabe que todas las irregularidades que ha cometido saldrán a la luz si no es ratificado en su cargo por el Congreso local antes del domingo 1 de septiembre, que es cuando debe resolverse la ratificación o la designación de un nuevo presidente del Tribunal.

Antuña Aguilar compareció recientemente ante los legisladores solicitando su aval por otro período de seis años, lo que ha generado una ola de protestas de exempleados y abogados que lo acusan de cometer toda clase de irregularidades, como recibir dinero para retrasar laudos que favorecen a trabajadores o beneficiar con ellos a alcaldes, a los cuales pidió dinero por esa acciones a todas luces ilegales y corruptas.

Del mismo modo ha actuado con los trabajadores, a muchos de los cuales engañó al decirles que sus casos estaban perdidos y ofrecerles, previo pago, una liquidación mucho menor de lo que realmente les corresponde. Esta situación ha divido al Congreso, pues hay quienes se han manifestado en contra y otros a favor de la ratificación.

En el mes de julio, abogados en materia laboral presentaron denuncias ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con el fin de pedir la destitución de César Antuña como presidente del Tribuna, bajo el argumento de que ha estado emitiendo laudos en los que absuelve a diversas autoridades a otorgar las pensiones de viudez que les corresponden a los cónyuges de jubilados y pensionados.

Asimismo, personas que fueron despedidas por el Ayuntamiento de Izamal en 2012, junto con sus abogados y asesores jurídicos de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) acudieron hace unos días a denunciaron irregularidad en los procesos a cargo del Magistrado.

Fue a varios de estos trabajadores a quienes les dijo que sus casos eran ya asuntos perdidos y que era mejor recibir una pequeña parte a nada. Ellos aceptaron, pero se les solicitó la cantidad de 5 mil pesos por persona, “para dar a la autoridad”.

Y así hay casos en múltiples municipios, donde empleados despedidos no han recibido sus justas liquidaciones por atrasos provocados ilegalmente por Antuña Aguilar, lo que violado derechos laborales y humanos.

Otra violación a la ley en la que incurrido es el tráfico de influencias pues, para ayudar a los alcaldes, el magistrado asesora a despachos de abogados afines, para que así los laudos salgan en favor de los municipios y los trabajadores no reciban nada.

A unas horas de que los diputados tomen la decisión, Antuña Aguilar intenta sobornarlos. También se ha dicho que la mínima sospecha de ilegalidad debería bastar para que, antes de ratificarlo, se abriera una investigación, pues no puede estar en ese cargo alguien que levanta de manera unánime tantas sospechas y acumula gran cantidad de demandas y peticiones de destitución en su contra.