Javier Corral, exgobernador de Chihuahua designado por Morena para liderar su programa anticorrupción, llegará mañana viernes a Mérida para acompañar al candidato Joaquín “Huacho” Díaz Mena en sus actividades proselitistas.

Corral enfrenta múltiples denuncias formales por presuntos actos de tortura durante su administración, las cuales siguen vigentes y podrían acarrearle una pena de hasta 200 años de prisión. Además, se abrieron 2,000 casos relacionados con un programa llamado “Justicia para Chihuahua”, en el que se sospecha que hubo extorsiones a funcionarios públicos.

A pesar de las numerosas acusaciones, las víctimas de las presuntas acciones represivas de Corral se niegan a seguir denunciando por temor a sufrir represalias. Este historial de irregularidades, torturas y extorsiones es la carta de presentación de Corral para encabezar el programa anticorrupción propuesto por Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la agenda, estará mañana temprano en una conferencia de prensa acompañado de Huacho Díaz Mena, también denunciado por presuntos actos de corrupción tras su paso como delegado del Bienestar en Yucatán.

Además, Huacho todavía no ha podido aclarar la compra de ranchos, terrenos y vehículos y el reparto partidista de los programas sociales en Kanasín, que derivó en una denuncia ante la fiscalía del estado.

LARGO HISTORIAL DE JAVIER CORRAL

La Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación han documentado múltiples irregularidades durante la administración de Javier Corral en Chihuahua. Estas auditorías han revelado un patrón preocupante de posibles actos de corrupción y mala gestión de los recursos públicos por parte de los funcionarios de la administración del exgobernador.

Como resultado de estas investigaciones, dieciocho exfuncionarios de la administración de Javier Corral como Gobernador de Chihuahua (2016-2021) enfrentan procesos penales o son investigados por delitos como peculado. Esto significa que se les acusa de haber malversado o apropiado indebidamente fondos públicos durante su gestión.

La gran mayoría de estos exservidores públicos son indagados por denuncias que fueron presentadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) ante la Fiscalía General de Justicia de la entidad y la Fiscalía General de la República (FGR). Estas entidades encargadas de la procuración de justicia están llevando a cabo investigaciones exhaustivas para determinar la responsabilidad de los implicados y, de ser necesario, proceder con las acciones legales correspondientes.